“Las comisiones de la verdad aparecieron en la década de 1980 en países que habían atravesado periodos de violaciones de derechos humanos o de conflictos internos que, por su intensidad, desbordaron la capacidad del Estado y de la propia sociedad para responder por las vías regularmente establecidas.” Sin embargo, “el proceso de violencia no es solo imputable a los agentes del Estado y a las Fuerzas Armadas y Policiales; también existe una responsabilidad de los gobiernos y de la opinión pública […] pues la violencia tuvo lugar básicamente en zonas andinas y amazónicas rurales alejadas de los gobiernos, de los centros de poder y de los centros más urbanos y occidentalizados del Perú”. Afectó a quienes “no importaban en términos macroeconómicos, en tanto poco aportaban al PBI. Tampoco en el plano político, porque las elecciones no se deciden en las zonas rurales. Ni en el cultural, por el arraigado racismo subsistente contra los pueblos indígenas: el 75% de las víctimas mortales del conflicto tuvo el quechua como idioma materno”. “Con 69 mil muertos, fue el conflicto armado más sangriento de nuestra vida republicana, en él murieron más peruanos y peruanas que en todas las guerras internaciones y civiles que tuvo el Perú desde 1821.” “¿Valió la pena mirar tan de cerca los ojos de la muerte? Es una pregunta que también nos hacemos los excomisionados […] definitivamente valió la pena. Recogimos voces que de otra forma no se hubieran escuchado jamás en el espacio público”. Así “transitar de una cierta simpatía pasiva a una memoria activa, no solo solidaria con las víctimas, sino capaz de elaborar nuevos sentidos del pasado y propuestas políticas de futuro, es el difícil desafío de los próximos años”.